LA RULETA DEL NARCOTRÁFICO E-mail
Miércoles, 25 de Diciembre de 2013 12:36

Agencia Noticias: La explosión de la narcocriminalidad, su vínculo con la estructura policial recaudatoria y el brusco salto de la tasa de homicidios en Rosario configuraron este año que se va como el más complejo en materia de seguridad que se recuerde en la provincia. Las causas de los Monos y la de Delfín Zacarías sacudieron el escenario de la venta de drogas en Rosario. Se conocieron asesinatos y negocios de un mecanismo en crecimiento.
La explosión de la narcocriminalidad, su vínculo con la estructura policial recaudatoria y el brusco salto de la tasa de homicidios en Rosario configuraron este año que se va como el más complejo en materia de seguridad que se recuerde en la provincia, en el marco de la emergencia del fenómeno narco y su incidencia en la crisis de las fuerzas de seguridad en todo el país. En rigor, es un año donde parece terminar de configurarse fenómenos ya iniciados en los anteriores. Es el caso de los asesinatos, que se duplicaron en los últimos 36 meses en el departamento Rosario; pero también los vínculos de policías de distintos rangos con las economías del crimen, lo que comenzó a quedar en mayor evidencia desde el triple crimen del 1º de enero de 2012 y que, a diferencia de años anteriores, cuando los homicidios en ocasión de robo tenían mayor preponderancia, se instalaron de manera definitiva como predominantes entre las noticias sobre seguridad en los medios masivos.

A nivel político, el tironeo entre Nación y provincia profundizó grietas que se habían producido con la detención, el año pasado, del jefe de Policía Hugo Tognoli, a caballo de un 2013 con elecciones de medio término. Así, la ofensiva de la Justicia federal que volvió a mandar tras las rejas al comisario Tognoli fue seguida por una movida similar desde la Justicia provincial tras el crimen del líder de los Monos, Claudio “Pájaro” Cantero, con la persecución sobre la banda del clan Cantero.

Ya sobre el final del año, la llegada al gobierno de Jorge Capitanich más los cambios en el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Sedronar auguran una etapa de colaboración entre los diferentes Estados, ya con la preocupación puesta en el factor policial y su necesaria democratización, a 30 años de finalizada la última dictadura, y con la violencia provocada por la connivencia con el narcotráfico como principal preocupación. Sociedad delictiva que asoma como la responsable del hecho institucional más importante del año: el atentado a balazos sobre la vivienda del gobernador Antonio Bonfatti. Todo a las puertas de la implementación del nuevo sistema procesal penal en la provincia, previsto para el próximo 10 de febrero.

En seguridad, el año comenzó el 10 de enero, con un caso en Nuevo Alberdi en que tres militantes del Movimiento Evita resultaron baleados en medio de una disputa por un búnker de drogas. El hecho reavivó los cruces entre oficialistas y opositores que habían quedado en un paréntesis tras la liberación, el 5 de noviembre de 2012, del ex jefe de Policía acusado de connivencia con narcotraficantes. Y produjo roces entre la Justicia federal y la provincial, ya que la familia a la que pertenecían los heridos debió dejar el barrio y fue puesta en custodia fuera de Santa Fe por el Estado federal, lo que impidió que prestaran declaración en la causa por la balacera.

A los pocos días, el 5 de febrero, el barra de Newell’s Maximiliano Rodríguez, alias Quemadito, y ya conocido en las páginas policiales porque su padre, el Quemado Sergio, es el principal implicado en la muerte de tres militantes de izquierda en lo que se conoció como triple crimen de Villa Moreno, fue ejecutado por un sicario en Pellegrini y Corrientes. La conmoción pública que produjo el homicidio, en pleno centro y en horas de la tarde, fue similar a la que se había registrado en septiembre de 2012 con el asesinato de Martín “Fantasma” Paz, quien circulaba en un BMW valuado en 70 mil dólares por Entre Ríos y 27 de Febrero al ser emboscado. Por el caso Quemadito, ya en la segunda mitad del año, sería detenido el jefe de la barra leprosa, Diego “Panadero” Ochoa, acusado como autor intelectual de este ataque, pero también del homicidio de Roberto “Pimpi” Caminos, ocurrido en marzo de 2010, y dos tentativas de asesinato.

El 7 de marzo, el comisario Tognoli amplió la declaración indagatoria ante el juez Carlos Vera Barros y volvió a quedar preso. El fiscal federal Juan Murray, recién asumido, apeló la falta de mérito que le había concedido el juez y que su antecesora, la desplazada Liliana Bettiolo, no había hecho. La causa por connivencia con el sindicado narco de Villa Cañás Carlos Ascaíni tiene final abierto, al igual que una segunda por encubrir a otro hombre señalado como traficante, Daniel “Tuerto” Mendoza.

Un mes más tarde, el 4 de abril, la Policía provincial allanó una chacra en Alvear y dejó constancia de haberse incautado de 19 kilos de droga, entre cocaína y marihuana, además de armamento. El hecho, que este periódico bautizó como “La Narcochacra”, fue interpretado como un primer movimiento de Luis “Pollo” Bassi contra sus antiguos jefes de la Banda de los Monos, y se vio envuelto en polémica por la desaparición de una bolsa, en la que presumiblemente había dinero, lo que quedó registrado en una filmación oficial. Por el caso sigue preso Diego Cuello, el dueño del predio, mientras que Miguel “Japo” Saboldi, otrora chofer del asesinado líder de la barra leprosa Pimpi Caminos, terminó muerto junto con otros dos reos durante un oscuro incendio que siguió a una pelea en la Alcaidía.

El 26 de mayo, el Pájaro Cantero fue asesinado en las afueras del boliche Infinity Night de Villa Gobernador Gálvez, ubicado a 80 metros de otra disco, La Brújula, propiedad de Bassi. Enseguida, la principal hipótesis fue que había sido ultimado por un sicario apodado Macaco, vinculado con el Pollo, pero muchos recordaron el crimen del Fantasma, de quien Cantero era cuñado, ya que la principal hipótesis del caso Paz fue un ajuste de cuentas dentro del clan. Así, en el expediente por el homicidio de Cantero, causa que está lejos de esclarecerse, las miradas apuntan al padre del Fantasma pero también a un sector de la estructura recaudatoria de la Policía.

Cinco días después, el juez Juan Carlos Vienna, a cargo del caso Paz, ordenó una serie de allanamientos en barrio Las Flores, bastión de los Monos, en el inicio de una ofensiva judicial por asociación ilícita que puso tras las rejas a unas treinta personas, entre ellas una decena de policías, incluso algunos de alto rango y que ocupaban lugares estratégicos en la fuerza provincial. Fue la respuesta institucional a tres homicidios sucedidos en las horas siguientes al asesinato de Cantero, considerados una venganza de su familia contra quienes creían responsables.

La megacausa Monos, también de incierto final, se convirtió en la contracara del caso Tognoli, con lo cual los alfiles mediáticos del gobierno nacional y sus pares provinciales se cruzaron por la cuestión de la competencia, que la Justicia federal reclama para sí a partir de la conocida actividad como narcotraficantes de los Monos, lo que desde la provincia se rechaza. Otro caso que provocó disputas fue el de Delfín David Zacarías, hombre de profundos lazos con el mundo político de San Lorenzo, quien fue apresado el 5 de septiembre cocinando clorhidrato de cocaína a partir de 300 kilos de pasta base en Funes. La difusión de una investigación por lavado de dinero por parte de la Secretaría de Delitos Complejos provincial antes del procedimiento fue interpretada por el fiscal Murray, quien a fin de este año fue reemplazado en su cargo en Rosario, como un entorpecimiento de la pesquisa.

El 11 de octubre, la vivienda de Bonfatti ubicada en Gallo y Darregueira fue blanco de un atentado a balazos que partieron de los ocupantes de dos motos. El gobernador y su esposa salvaron su vida de milagro. La investigación avanzó hasta dar con una banda de la zona norte con vínculos con barrabravas de Newell’s y Central, y que actúa en connivencia con policías, lo que la versión oficial considera como la principal hipótesis del ataque: una manera de eyectar de la jefatura de la seccional 10ª, con jurisdicción en la casa del mandatario, al comisario Ronald Cuñé, quien entorpecería los negocios de estos traficantes y sus socios de la estructura recaudatoria de uniforme.

 

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